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SALVAR BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION ASCENSOR.

 Son muchas las Comunidades en las que cuando se construyó el edificio no se instaló ascensor, pero en la actualidad prácticamente todas las Comunidades disfrutan de este servicio.

No podemos negar que existen Comunidades que no tienen esta “suerte” y deben de instalar el ascensor a posteriori. De esta manera, muchos propietarios se realizan las siguientes preguntas ¿Cómo se puede llegar al acuerdo en la Comunidad de la instalación del ascensor? ¿Qué propiedades son las que están obligadas al pago de la instalación del mismo? ¿Y del coste de mantenimiento y futuras reparaciones del ascensor?

En Fincas Egeda sabemos que tratar la instalación del ascensor es un asunto delicado y que las preguntas y las respuestas son complejas, no obstante, en el presente Artículo daremos respuesta a todas las cuestiones descritas anteriormente.

Para poder manifestar la necesidad de la instalación del ascensor, en primer lugar habría que realizar una Junta General de propietarios[1], en la que se incluya dicho asunto en el orden del día.

Una vez realizada la Junta de propietarios, habría que diferenciar si la mayoría de propietarios está a favor de la instalación del ascensor o, en caso contrario, no existe la mayoría necesaria en Junta (mayoría simple de votos y coeficientes). También habría que analizar si existen personas cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años y “exijan” la instalación del ascensor en la Comunidad.

Para saber si la Comunidad se encuentra a favor o en contra de dicha propuesta, se debe votar el punto del orden del día de “Instalación del ascensor”, y se deben reflejar los resultados obtenidos en la consiguiente Acta.

A continuación, una vez redactada el Acta, sería necesario facilitarla a todos los propietarios de la Comunidad, tanto los que estaban presentes en la Junta de propietarios como los que no. Tras el envío del Acta, la comunidad deberá esperar 30 días naturales para que los propietarios que no asistieron a la Junta puedan expresar su voto.

Tras el paso de los treinta días naturales con la recogida y el recuento del total de votos, la comunidad pueden encontrarse con las siguientes situaciones:

En primer lugar comenzaremos por la situación más sencilla. Sería la situación de que por unanimidad de los propietarios, se aprobara la instalación del ascensor. El artículo 17.2 de La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dice lo siguiente:

                “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

                Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

El artículo 17.2 describe que se puede adoptar el acuerdo de la instalación del ascensor en una Comunidad de propietarios por mayoría simple (la mayoría simple implica que debe de existir mayoría de votos y que dicha mayoría también suponga la mayoría de los coeficientes). Esto quiere decir que, todos los propietarios quedarían obligados al pago y al disfrute de la instalación del ascensor, al mantenimiento y a la reparación futura del mismo, independientemente del coste total. Para el caso de los bajos, a no ser que los Estatutos de la Comunidad dispongan lo contrario, también quedarían obligados al pago de la instalación del ascensor, pero no quedarían obligados al pago del mantenimiento ni de las reparaciones futuras.

  1. En segundo lugar, cabría explicar que, si la Comunidad no consiguiera las mayorías necesarias para la instalación del ascensor, una persona que viviera o trabajara en la Comunidad y que tuviera alguna minusvalía o tuviera más de setenta años, podría apoyarse en el artículo 10. b) de la LPH, que dice así:

                “Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios  en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objetivo de asegurarle un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido”.

El artículo 10. b) muestra que si una persona con las características descritas, solicita a la Comunidad la instalación del ascensor, la Comunidad no se puede negar. No obstante, los propietarios disidentes a la instalación del ascensor (incluidos los locales), únicamente quedarían obligados al pago (como máximo) de 12 mensualidades de cuotas de gastos ordinarios al año, mientras que el coste de la instalación faltante, se tendría que hacer cargo la persona que exige dicha instalación. De esta manera, todos los propietarios tendrían los mismos derechos sobre el uso del ascensor, pero no todos los propietarios soportarían los mismos costes.

A posteriori, los gastos de mantenimiento del ascensor y las reparaciones futuras, se tendrían que hacer cargo todos los propietarios (a excepción de los locales, a no ser que los estatutos de la Comunidad dispongan lo contrario).

Desde Fincas Egeda no recomendamos dicha opción, porque puede crear conflicto entre los propietarios, y un gran gasto económico para el propietario que exige la instalación del ascensor.

  1. En Fincas Egeda ofrecemos una solución óptima para que todos los propietarios queden satisfechos.

En el caso de que la votación acerca de la instalación del ascensor se apruebe por unanimidad de los propietarios, no habría ningún problema, ya que todos los propietarios estarían a favor de asumir el coste que supone la instalación del ascensor.

 

No obstante, si algunos propietarios se encuentran a favor y otros en contra, para no interponer dicha situación de obligatoriedad descrita en el punto 2., se propone que los propietarios que se encuentren a favor de la instalación del ascensor sean los únicos que deban abonar los costes que dichas obras conllevan, mientras que los disidentes “permiten” las obras necesarias en  las zonas comunes, a cambio de que la Comunidad no les obligue a abonar parte del coste de la instalación del ascensor.

En la utilización a posteriori del ascensor, se instalaría una llave en las diferentes plantas de la Comunidad y en el interior de la cabina, para que únicamente utilicen el ascensor aquellos propietarios que soportan su coste.

Ante esta situación, algunos propietarios de la comunidad se preguntarían ¿Y si en el futuro algún propietario se quisiera incorporar al uso del ascensor? ¿Podría incorporarse? ¿Cuánto dinero tendría que abonar?

Pues bien, las respuestas a estas preguntas son muy sencillas. Los propietarios que se quisieran incorporar a la utilización del ascensor en el futuro, solo tendrían que abonar el coste de la instalación y del mantenimiento del ascensor, que hubieran abonado los propietarios que votaron a favor de la instalación del ascensor, incrementado con el IPC de los años que hubieran transcurrido.

       Desde Fincas Egeda aconsejamos las relaciones cordiales entre los propietarios de una Comunidad, respetando los deseos y las necesidades de todas y cada una de las personas con las que se convive, y por esta razón consideramos que esta última opción es la que mejor encaja en todas las Comunidades, porque es la opción que menos conflicto podría llegar a suponer en el futuro.

 

 

 

 

 

[1] ver artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal para más información sobre la convocatoria de las Juntas.

 

“Un día, quizás nos reunamos todos en la luz de la comprensión” – Malcolm X.

 

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